A casi un año de su creación, la comisión mixta Chileno-Alemana por Colonia Dignidad presenta escasos avances: la última reunión fue en febrero de este año. El gobierno de Piñera aún no nombra al director de Derechos Humanos de Cancillería, el co-presidente y representante de Chile en la instancia.

Origen: “El dolor es no saber la verdad”: Víctimas de Colonia Dignidad reclaman el estancamiento de la comisión mixta Chile-Alemania

Carlos Lorca Tobar llegó hasta las dependencias de la embajada de la República Federal Alemana para denunciar las ejecuciones políticas que ocurrían en Colonia Dignidad. Era el año 1974, plena dictadura militar y distintos reportes clandestinos lo alertaron de compañeros detenidos en Concepción, Talca y Linares que estaban siendo trasladados al reducto alemán.

Lorca desapareció el 25 de junio de 1975. La DINA lo detuvo en la Villa Grimaldi y las recientes investigaciones judiciales han dado cuenta de que, en una fecha aún incierta, los agentes de la dictadura lo sacaron, tapado con cartones, y lo trasladaron 350 kilómetros al sur, hasta la misma Colonia Dignidad que él denunciaba.

Han pasado 43 años y su hermano Jaime lo homenajea como el único diputado de la República que fue detenido desaparecido y cuyo paradero no es desconocido. “Lo que habla bastante mal de nuestro democracia”, dice.

Jaime Lorca Tobar está reunido en una amplia mesa con organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas de Colonia Dignidad, abogados, arqueólogos, antropólogos y representantes del país germano, en la Universidad de Chile donde el lunes 25 de junio la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad convocó a un encuentro para que el Estado se pronuncie sobre las acciones realizadas para conseguir verdad y justicia.

No hay ningún representante del Parlamento ni del gobierno de Chile.

Hace un año, los Estados de Chile y Alemania firmaron un memorándum de acuerdo para, por fin, contribuir en conjunto en el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la Colonia, precedidos por un inédito pedido de perdón a las víctimas por parte de Frank-Walter Steinmeier, ex ministro de relaciones exteriores y hoy Presidente de Alemania.

El reducto no solo sirvió como centro de detención y tortura en dictadura, sino como un lugar donde los propios alemanes esclavizaban y abusaban sexualmente de los mismos colonos.

Los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos celebraron la noticia de la creación de una comisión mixta entre Chile y Alemania, dedicada, desde el inicio, a “abordar la memoria histórica de Colonia Dignidad”.

Pero un año después, la preocupación por la impunidad vuelve a estar presente. La última actividad realizada por la parte chilena fue en febrero de este año. Desde el cambio de gobierno, no ha habido ningún movimiento, salvo una reunión con fiscales alemanes que estaba programada de antes. El Ejecutivo, liderado por Sebastián Piñera, ni siquiera ha nombrado a la persona que, según el memorándum, es el co-presidente de la instancia.

“Nuestro Estado no ha tenido la voluntad política para avanzar en las tareas y compromisos establecidos”, dice Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.

No hay co-presidente

Harmut Hopp se escapó de Chile hace siete años. Hoy vive en Krefeld, recluido en su casa a la espera de que la justicia alemana ejecute una sentencia de 5 años por los delitos sexuales que cometió como la mano derecha de Paul Schäefer en Colonia Dignidad.

La impunidad es el máximo grito de dolor de las víctimas del enclave. Myrna Troncoso, coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región del Maule, llegó hasta la misma casa del doctor Hopp a expresar su reclamo. “El dolor más grande que llevamos es no encontrar los restos, no saber la verdad. Sin restos no podemos saber cómo ni dónde murieron”, dijo a la TV alemana hace unas semanas.

El Bundestag alemán -cabeza del gobierno parlamentario- aprobó de forma unánime el 30 de junio de 2017 una moción en que instaba al Estado a hacerse cargo en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la entonces Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, además de apoyar a las víctimas del enclave fundado por Paul Schäfer en 1961 en Catillo, a orillas del río Perquilauquén, región del Maule.

La moción es distinta al memorándum de entendimiento entre el gobierno de Chile y la República Federal alemana, que creó la comisión mixta el 12 de julio de 2017. En ella, ambos Estados se comprometieron a hacer un trabajo de memoria e historia respecto a Colonia Dignidad y brindar apoyo a las víctimas.

La comisión tiene dos co-presidentes. Por el lado chileno, estaba -al momento de su creación- Hernán Quezada, ex director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el alemán, la directora regional para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Marian Schuegraf.

El abogado Hernán Quezada lideró las únicas dos reuniones de la comisión mixta por Colonia Dignidad: El 5 de octubre de 2017 en Santiago y el 9 de enero de este año en Berlín. El contenido de las mismas es secreto, por expresa petición de Alemania.

Quezada también lideró otras “sub mesas” de trabajo en Chile, en el marco de la misma comisión mixta.

Una tuvo que ver con el trabajo de “un Centro de Documentación que permita abordar y resguardar la memoria histórica de la ex Colonia Dignidad y la creación de un lugar de memoria para las víctimas”, según se lee en un oficio enviado desde la Dirección de Derechos Humanos al diputado Jaime Naranjo en abril de este año.

En esas reuniones participó Emma de Ramón, en su calidad de directora del Archivo Nacional. Por mandato judicial, los archivos de la Colonia, adquiridos de causas ya ejecutoriadas fueron trasladados al organismo. Ella estuvo una hora presentando a distintos representantes del gobierno (ministerios de RR.EE., Justicia, Bienes Nacionales y Cultura) el estado del material. Muchos están dañados con hongos, desordenados y en alemán, barrera que impide la correcta sistematización de los documentos. Del encuentro surgió la idea de trabajarlo con fondos de la comisión, ya que el Archivo Nacional no cuenta con el presupuesto para todo el proceso de conservación.

“Si llega el apoyo sería maravilloso, pero hasta ahora no pasado nada”, cuenta De Ramón, y dice que, desde enero del presente año que no ha vuelto a tener contacto con Cancillería sobre el tema.

La otra mesa de trabajo fue con la sociedad civil. Las distintas organizaciones de Derechos Humanos, el INDH, la Universidad de Chile y abogados de las partes afectadas.

Faride Zerán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, explica que participó de los encuentros ofreciendo “nuestros recursos profesionales, a través del Archivo General Central Andrés Bello, y estructurales para la construcción del futuro Centro de Documentación sobre Colonia Dignidad”.

Pero, de nuevo, todo quedó en ese primer encuentro. “No ha sido posible avanzar con este trabajo en tanto no hemos sido convocados a nuevas reuniones”, dice Zerán.

En el mismo encuentro, las distintas organizaciones de DD.HH. -de Parral, Talca y el Maule, además de la AFEP- presentaron sus críticas al proceso: pidieron la creación de una “comisión de verdad sobre los crímenes de Colonia Dignidad” y que se tenga la voluntad política de ponerle fin al turismo que se desarrolla en la hoy llamada Villa Baviera, el lugar donde desaparecieron sus familiares.

“Fue un encuentro meramente informativo, no conocemos la real acogida de nuestras propuestas”, asegura Margarita Romero.

“Hay mucho trabajo enfocado en la documentación y todavía falta otro camino. Es como un punto final anticipado. La memoria y la reparación siempre implican un punto final, pero es precisamente el final del proceso, habiendo pasado antes por la verdad y la justicia”, dice por su parte Winfried Hempfel, abogado de los ex colonos, víctimas de trabajo esclavo al interior de la Colonia.

Desde el último encuentro, realizado el 8 de febrero de 2018 en la Cancillería, que el trabajo respecto a la Colonia comisión está congelado. Hernán Quezada dejó el cargo el 11 de marzo de 2018 y el gobierno, a más de tres meses, aún no nombra un nuevo director de Derechos Humanos, cargo clave en cuanto es quien lidera la parte chilena.

Hoy, Juan Pablo Crisóstomo ocupa el cargo de manera suplente. Desde Cancillería no respondieron las preguntas de este medio sobre su continuidad y el avance de los acuerdos de la comisión mixta, la que debería tener un nuevo encuentro el segundo semestre.

Desde las organizaciones de Derechos Humanos, la demora es una señal más de un retroceso que comenzó mal, con la designación de Hernán Larraín, otrora defensor de la Colonia, como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Desde la embajada alemana, en tanto, aseguran que el tema es prioritario para ellos, pero reconocen dificultades con el cambio de autoridades en Chile y también con Alemania, que demoró seis meses en la ratificación de su gobierno. Además, relativizan el plazo de un año entregado por el Bundestag germano, el cual culmina este 30 de junio, diciendo que la comisión está trabajando.

“Ese no es problema de las víctimas. Schäefer salió del país el 97′, han pasado 21 años, entonces por un cambio de gobierno no se puede justificar toda la demora en el tema de Colonia Dignidad”, dice Winfried Hempfel.

Voluntad política

Si bien desde Cancillería reconocen que el cargo de Director de Derechos Humanos debería ser llenado pronto, para las víctimas la demora en el trabajo tiene que ver con la falta de voluntad política, pues desde el cambio de gobierno no han tenido ninguna noticia de la comisión.

En abril vino a Chile una comisión conformada por funcionarios del Ministerio Federal de Justicia y Protección al Consumidor, la Administración del Estado Federado de Renania del Norte Westfalia y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, a conocer el estado de las causas judiciales actuales contra los miembros de la Colonia Dignidad.

Un asistente a uno de los encuentros con los alemanes asegura que los funcionarios se sorprendieron, pues al parecer no estaban enterados en detalle de los crímenes ocurridos en la Colonia.

La delegación se reunió también con el magistrado Mario Carroza, quien lidera las investigaciones judiciales sobre el tema. En la instancia, el juez manifestó su apertura a utilizar metodologías de videoconferencia para entrevistarse con colonos que se encuentran en Alemania, como el propio Harmut Hopp.

Las indagaciones de Carroza incluyen un reciente descubrimiento de lugares donde se habrían incinerado cuerpos de detenidos desaparecidos, el primer hallazgo en años. Iván Cáceres, arqueólogo de la Universidad de Chile, cuenta que han realizado seis campañas de búsqueda desde noviembre del año pasado. Pero uno de los problemas del juez y del equipo de peritos tiene que ver con las condiciones del lugar, la cantidad de años transcurridos y la falta de equipos técnicos para realizar las pericias en Chile.

“Queda mucho por hacer todavía”, dijo Cáceres en el encuentro con organizaciones de derechos humanos. “Nosotros le pedimos directamente a la comisión que nos apoye en las tecnologías”, agregó.

Si bien una colaboración entre ambas justicias es un tema que debería verse entre Ministerios Públicos y no entre los gobiernos, el apoyo en las causas judiciales en una demanda central a la comisión por parte de las víctimas, pues ven que Carroza, más allá de su voluntad, no cuenta con los fondos suficientes para desarrollar las investigaciones.

A días de cumplirse un año de la moción, el panorama es de pesimismo: No solo en críticas al escaso avances, sino también a la no realización de colaboración que solo requiere la voluntad de ambos estados, como es el traspaso de información -incluido los ya prometidos informes de inteligencia alemana- y una revisión a las sociedades comerciales que permitieron la Colonia y sustentan hoy por hoy la Villa Baviera.