SANTIAGO – En el marco del Seminario Internacional: Memoria, archivos y proyecciones para el futuro, se realizó el panel “Desafíos y oportunidades para el desarrollo del sitio de memoria Colonia Dignidad” en el Archivo Nacional. Referentes de los derechos humanos y la academia debatieron sobre el proceso de transformación de Colonia Dignidad en un sitio de memoria y justicia, así como el estado actual de las políticas de memoria en la región.
Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, inició la jornada destacando que el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos tras las dictaduras en América Latina se convirtió en un objetivo político de primer orden, impulsado principalmente por las víctimas y sobrevivientes. Torras afirmó que las Comisiones de la Verdad fueron cruciales para identificar sitios de cautiverio y tortura, otorgándoles una dimensión probatoria fundamental para procesos judiciales.
No obstante, Torras advirtió sobre los riesgos actuales, como la «captura» de las instituciones de memoria por cambios en los ciclos políticos, citando ejemplos en Colombia y la reciente propuesta de modificar el guion del Museo ESMA en Argentina. Además, señaló la tensión entre la autonomía de las organizaciones y la necesidad de sustentabilidad para mantener estos espacios.
Por su parte, el abogado y académico Pietro Sferrazza analizó los pilares de la justicia transicional —verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición— aplicados al caso de Colonia Dignidad. Sferrazza enfatizó que un sitio de memoria debe contar con seguridad jurídica, identificación y gestión sustentable.
Respecto al anuncio de expropiación de 117 hectáreas del predio, el experto advirtió sobre los desafíos institucionales, dado que la Constitución chilena protege fuertemente el derecho de propiedad, lo que podría derivar en procesos judiciales ajenos a la lógica de los derechos humanos. Asimismo, destacó que Colonia Dignidad es un lugar clave para el Plan Nacional de Búsqueda, dada la pluralidad de víctimas que incluye a prisioneros políticos, niños abusados sexualmente y campesinos expropiados.
Por su parte, Lelia Pérez, ex prisionera política y fundadora de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, relató lo que definió como una «batalla por el relato» que comenzó en 1975 con las primeras denuncias internacionales. Pérez denunció la existencia histórica de círculos de protección que incluyeron a empresarios, parlamentarios y miembros de la justicia que obstaculizaron las investigaciones durante décadas.
Entre los hitos más relevantes de la sociedad civil, Pérez destacó:
• La interposición de querellas por inhumaciones y exhumaciones basadas en las fichas incautadas en 2005, que estuvieron ocultas por años.
• El descubrimiento de la casa Hildegard Hallen que operó como cuartel de la DINA dentro del enclave.
• La denuncia de actos de vandalismo y destrucción del sitio por parte de sus actuales habitantes para ocultar pruebas.
El encuentro concluyó con una interrogante crítica sobre si el Estado chileno cumplirá su palabra de concretar la expropiación frente a las actuales resistencias, reafirmando que los sitios de memoria deben ser islas de verdad y esperanza frente al avance de discursos negacionistas.
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